Claudia López.
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Consejo de Estado falla a favor de Claudia López y mantiene su carrera política

La exsenadora celebró esta decisión en su cuenta de Twitter.

El Consejo de Estado tomó la decisión este jueves de mantener la investidura de la exsenadora Claudia López. 

La congresista había sido demandada por supuesto conflicto de intereses, debido a que no se declaró impedida para participar en la votación y aprobación de un proyecto de ley que pretendía despenalizar la injuria y la calumnia, a pesar de que, según el accionante, enfrentaba procesos penales ante la Corte Suprema de Justicia por esos dos delitos.

El alto tribunal indicó que en el fallo de primera instancia proferido por una Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, por lo que el Consejo de Estado negó las pretensiones de la acción, al considerar que la exsenadora no incurrió en conflicto de intereses a pesar de no haber declarado el impedimento.

Según la providencia, la demandada no estaba obligada a exponer su probable necesidad de marginarse de la discusión en torno a la despenalización de esas conductas, pues cuando conformó el quórum, deliberó y votó no estaba vinculada formalmente a ninguna investigación penal por la comisión de los delitos de injuria y calumnia.

La exsenadora celebró esta decisión y escribió el siguiente mensaje en su cuenta de Twitte: "Tercera demanda infundada que le gano al ex Senador Alfredo Ramos Maya y al Centro Democrático, que han estado detrás de estos intentos de censurarme y sacarme de la política. No han podido ni podrán. La verdad y la decencia siempre ganan, aunque se demoren! #ElCambioEsImparable"


La Sala resaltó que la radicación de la denuncia o la apertura de indagación preliminar constituyen momentos previos a la investigación, y de ahí que la exsenadora López Hernández no hubiera incurrido en la causal de pérdida de investidura conocida como conflicto de intereses, como lo señalaba el accionante.

“(…) No se puede desprender un conflicto de intereses respecto de actuaciones penales, en fase preliminar, que potencialmente pueden ir en contravía a los deberes de respeto y garantía que el Estado tiene respecto de quien informa, opina, delibera o critica asuntos de la esfera pública”, dice el fallo frente al cual procede el recurso de apelación.

 

 

 

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